PUNTO CERO: JORNADAS ANUALES DE FISCALES DE SEGURIDAD VIAL

Los pasados días 15 y 16 de marzo se celebraron en Santiago de Compostela las Jornadas Anuales de Fiscales de Seguridad Vial, a las que asistieron cincuenta fiscales especialistas en la materia. En estas Jornadas se alcanzaron algunas conclusiones que es conveniente hacer constar.

Menores y cinturón

La Fiscalía actuará contra los conductores en casos de accidentes con lesiones o fallecimiento de un menor por no llevar el cinturón de seguridad o el elemento de retención pertinente ante la posibilidad de que se trate de un delito de homicidio o lesiones imprudente.

Así lo destacó en rueda de prensa el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Tras insistir en que la "sanción penal es el último recurso", Vargas explicó que el conductor de vehículos de motor, motocicletas o vehículos de servicio público de pasajeros "ostenta una posición de garante respecto de los menores sin discernimiento o capacidad para ponerse el cinturón o utilizar el sistema de protección".

Por ello, en supuestos de lesiones o fallecimiento de un menor en accidente por no llevar el cinturón o sistema de retención, consideró que el fiscal puede ejercer acción penal contra el conductor por homicidio o lesiones imprudentes recogido en los arts. 142 o 152 en relación con el art. 11 del Código Penal, acreditando la relación causal.

Además, indicó que cuando se trata de personas unidas al menor por vínculos parentales y tuitivos que generan obligaciones específicas de velar por el menor, los incumplimientos detectados por el fiscal de seguridad vial serán remitidos a la fiscal de Sala Coordinadora del Menores a efectos de aplicación de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor.

Al respecto de esta problemática, Bartolomé Vargas incidió en que, según datos de 2008, de los 76 niños fallecidos en accidentes de tráfico, 40 no llevaban sistemas de retención o protección. "Sospechamos cifras más elevadas en lesiones leves por no llevar los debidos sistemas", apostilló, al tiempo que justificó que se planteen "dar el salto a la jurisdicción penal".

De este modo, incidió en la situación de "absoluta indefensión" de menores que no tienen suficiente discernimiento y precisó que "sufren elevadísimos riesgos" por ser el colectivo "más vulnerable".

"Existen deberes de actuación. Pueden y deben cumplirse con formación y concienciación", sostuvo, al tiempo que indicó que el fiscal se planteará la intervención cuando tenga constancia de que el conductor no garantice la integridad del menor que no sabe discernir.

Puntos del carné

Por otra parte, los fiscales abordaron la responsabilidad de los funcionarios que no dan parte a la Dirección General de Tráfico (DGT) de la detracción de puntos del carné a conductores en ayuntamientos, situación que, precisó Vargas, es una "minoría" en España.

Al hilo de ello, comentó que ese hecho conlleva a que no se pueda perder la vigencia del permiso e incrementa la "inseguridad vial en esos municipios y la discriminación". Por ello, dijo que, junto a la DGT, los fiscales de seguridad vial trabajan para que los "ayuntamientos se legalicen" en esta materia, participando en los planes de movilidad vial, siempre teniendo en cuenta la "precaria situación económica" de las administraciones locales.

En este sentido, manifestó que el fiscal puede intervenir cuando "de manera consciente" un alcalde o un funcionario "se niega a elevar puntos a la Jefatura de Tráfico" lo que puede, según advirtió, constituir "prevaricación omisiva" en el caso del que "no quiere hacerlo de forma deliberada, pudiendo". Al respecto, recordó que hay abierto un procedimiento de diligencias previas por un caso de estas características contra un alcalde de Badajoz.

Bandas, badenes y resaltos

Otro de los aspectos abordado en las jornadas y destacado en las conclusiones es la situación de bandas transversales, badenes y resaltos antirreglamentarios, frente a los que actuará el fiscal "en los casos más graves" para prevenir y evitar accidentes.

En esta línea, especificó que en ocasiones estos elementos se construyen en carreteras a iniciativa de los vecinos, por un maestro de obras que "actúa a su bien criterio y sin control respecto de sus características técnicas". También añadió que, con frecuencia, de modo "antirreglamentario", se utiliza pintura de bandas rojas y blancas que acaba siendo material deslizante con el rocío, lluvia o riesgo de calles, provocando un "riesgo" para ciclistas y motoristas.

Hizo referencia al respecto a quejas de vecinos, asociaciones de ciclistas y motoristas, junto a la de servicios de urgencia sanitaria que circulan a elevada velocidad y en esos "bordillos", con "excesivas rampas", sin señalización adecuada o ubicados en lugares con deficiente iluminación, ven dificultada su circulación.

Si bien, en primer lugar, ante estas situaciones, los fiscales de seguridad vial colaborarán con las entidades administrativas competentes en prevención promoviendo el cumplimiento de la legalidad, en última instancia, y "bajo el principio de intervención mínima" propondrán acciones penales cuando haya situaciones de "intenso riesgo exigibles", personificándolo en el funcionario con deberes específicos en la materia y conocedor de la actuación. Además, reconoció que los fiscales tienen "presente" la crisis económica "a la hora de exigir".

Vargas reiteró el "respeto" al trabajo de las administraciones en esta materia, pero avisó de que "a veces se convierten en obstáculos serios". "Al final, en caso de grave riesgo e incumplimiento reiterado, actúa el fiscal en la vía penal", manifestó.

Preguntado por la investigación abierta de la Fiscalía de Seguridad Vial para determinar si la Comunidad de Madrid ha incurrido en un delito por el mal estado de conservación de la carretera de Colmenar Viejo, Vargas declinó dar información sobre un proceso abierto, pero precisó que, en su caso, la responsabilidad en estas situaciones suele ser de un funcionario con la obligación de actuar, al tiempo que destacó el "enorme respeto" a las administraciones por el "esfuerzo importante" en materia de infraestructuras.

En el aspecto de multirreincidencia, tras estudiar las alternativas para evitar la prisión, Vargas comentó que la fiscal delegada de Baleares ha comenzado un proyecto "pionero" de cálculo de la "multirreincidencia oculta o negra", que aportará cifras "reales".

Conservación del vehículo

También Vargas aludió a la importancia de la conservación del vehículo, que será sancionada a partir del 24 de mayo en virtud de la nueva normativa, porque, reconoció, "se producen accidentes en un porcentaje no desdeñable porque el vehículo no está en condiciones".

"Sabemos que hay crisis y a conductores les cuesta pasar la ITV y la conservación del vehículo", afirmó y abogó por "ayudar" a los más necesitados. "Perder la vida por eso es aún un drama superior", dijo, y añadió que el fiscal actuará por la vía penal cuando la causa de muerte en un siniestro se refiera al estado del vehículo implicado.

En esta línea, consideró que, en caso de atropello u otro incidente con víctimas, se puede considerar como delito de homicidio imprudente si había, por ejemplo, fallos en los frenos o neumáticos. En el caso concreto de empresas, resaltó que se puede llegar a imputar un delito de explotación laboral del trabajador, como así lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra y de Valencia, si el vehículo no reúne los requisitos. "La mayoría del sector cumple, pero no una minoría", concluyó.

FUENTE: Editorial Jurídica SEPIN - 2010
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