Denuncias de la Policía Portuaria

Suelen ser los Directores de la Autoridad Portuaria los encargados de la incoación de los expedientes sancionadores en los procedimientos por infracción de tráfico que se producen dentro de los recintos portuarios, en base a la comisión de una infracción de tráfico tipificada en el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto, en relación con el art. 114 de la Ley 27/92, modificada por la ley 62/97 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por "no respetar las normas generales de circulación en el recinto portuario”.

El artículo 75 del R.D.L. 339/90, (Ley de Tráfico), establece que el procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad Competente que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos de esa Ley o mediante denuncia que podrá formular cualquier persona que tenga conocimiento directo de los mismos. Los Agentes de la Autoridad encargados del servicio de vigilancia de tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial.

El articulo 4 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, bajo el epígrafe “denuncias de carácter obligatorio y voluntario, establece: “1.- Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia de tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial. 2.- Cualquier persona podrá, igualmente, formular denuncia por hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del texto articulado de la Ley de Trafico”

El ordenamiento español ha confiado las competencias y el servicio de vigilancia del tráfico a los agentes de la Guardia Civil en vías interurbanas, especialmente a los de su Agrupación de Tráfico, a los de las policías autonómicas, donde existan, y a los cuerpos de policía local dentro del casco de las poblaciones, por lo tanto las denuncias formuladas por otras personas, aún cuando éstas sean agentes de la autoridad, tendrán el carácter de voluntarias. Los miembros de la Policía Portuaria no están incluidos entre los agentes a los que se les encomienda el servicio de vigilancia de tráfico, y aún cuando disfruten del carácter de agentes de la autoridad, no lo tienen en funciones que no les han sido expresamente encomendadas, tal y como ocurre con la vigilancia y control del tráfico.

El articulo 76 de la Ley de Seguridad Vial establece qué elementos esenciales el denunciante ha de hacer constar en su denuncia: la identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción; la identidad del denunciado, si fuere conocida; una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denunciante. Cuando este sea un Agente de la Autoridad estos datos podrán sustituirse por su número de identificación. En las notificaciones de la Autoridad Portuaria se hace alusión de forma genérica que las denuncias son formuladas por “el Servicio de Policía de la Autoridad Portuaria, en su función de Policía Especial Administrativa”, pero normalmente omiten cualquier dato identificativo del denunciante, ni hacen constar el carácter de obligatoria o voluntaria que dicha denuncia deba tener.

También el articulo 76 del RDL 339/90 atribuye presunción de veracidad a las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, salvo prueba en contrario, pero, como establece la doctrina jurisprudencial, por ejemplo en sentencia de 14 de septiembre de 1990, este principio de certeza o veracidad, que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, no significa que los hechos denunciados por un agente de la autoridad se consideran intangibles, ya que la realidad de los mismos puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario o aún por la ausencia de toda prueba, según la naturaleza, circunstancias y cualidad de los hechos denunciados. En el caso que nos ocupa es evidente que la presunción de veracidad no es que pueda ser desvirtuada, sino que no existe, dado que a los celadores Guardamuelles no les ha sido atribuido el carácter de agentes de la autoridad en las funciones de vigilancia y control del tráfico de vehículos y los denunciantes tienen la obligación de probar los hechos denunciados. Si un agente de la autoridad tiene la obligación de demostrar los hechos denunciados, con mas razón tiene ese obligación la persona cuya denuncia tiene el carácter de voluntaria.

La Ley de Seguridad Vial establece en su art. 2º que sus preceptos “serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”. Por su parte el articulo 14.2 de la Ley 27/1992 establece que “se considera dominio público portuario estatal el dominio público marítimo-terrestre afecto a los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal”. De lo que se desprende que en las vías y terrenos aptos para la circulación comprendidos dentro de los recintos portuarios, por ser públicos, será aplicable la Ley de Seguridad Vial, correspondiendo la competencia para la denuncia y sanción al Ministerio del Interior, a quien se atribuye la vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista Policía Local, cuyo concepto ha de ser extendido a aquellas vías de uso general existente en el interior de los recintos portuarios, que no son competencia del municipio.

Tal como viene reconociendo en numerosas ocasiones la Subdirección General de Normativa y Recursos de la Dirección General de Tráfico, a diferencia de las zonas de servicios del puerto en las que el acceso no es libre sino restringido y limitado y están sometidas a las facultades de policía de la Autoridad Portuaria, el conjunto de espacios del puerto de acceso no restringido ni exclusivo, que se encuentran abiertos al uso general sin restricción ni limitación en cuanto a acceso y circulación, se encuentran incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad Vial. En estos espacios los miembros de la policía portuaria deben, en su caso, colaborar con los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, y pueden vigilar el cumplimiento de la normativa de tráfico y formular las correspondientes denuncias que tendrán el carácter de voluntarias, sancionando la autoridad competente en función de la vía en que se haya producido dicha denuncia. Si en la notificación de la denuncia no se hace expresa mención de que la vía, en la que se cometió la infracción, está calificada como zona de servicios del puerto con acceso restringido y limitado y si se trata, por tanto, de una vía de uso general que no cuanta con ningún tipo de restricción ni limitación de acceso o circulación, en ella regirán las normas de la Ley de Seguridad Vial, no el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto, y la competencia la tendrá atribuida el Ministerio del Interior y no la Autoridad Portuaria.