- Los fiscales estudian acusar a los alcaldes que evitan retirar puntos del carné.
- Analizarán si cometen prevaricación al no comunicar a la DGT las multas que implican pérdida de créditos.
Los fiscales estudiarán si existe una vía jurídica para considerar como un delito de prevaricación omisiva la práctica de ciertos alcaldes que se niegan a elevar a las autoridades de Tráfico los boletines de denuncia contra los conductores multados que pierden varios puntos del carné. En dichos supuestos, las policías locales se limitan a cobrar la multa al infractor, pero no notifican el hecho a la Dirección General de Tráfico para que reste los puntos. Le hacen un favor al conductor, pero a costa de rozar la ilegalidad.
Los fiscales creen que podría ser viable la subsunción o incorporación de estos casos dentro del artículo 404 del Código Penal. Dicho precepto castiga por el delito de prevaricación a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. El castigo es la inhabilitación para empleo o cargo público de siete a diez años. Por delito de prevaricación omisiva ya han sido condenados varios alcaldes que permitían los ruidos de los pubs pese a las quejas vecinales o dejar caducar expedientes urbanísticos.
La polémica sobre el carné por puntos surgió hace años cuando algunos mandatarios locales hicieron la vista gorda por miedo a perder votos en vísperas de las elecciones municipales. Esto ocurrió en Vigo, pero actualmente la Policía Local ya notifica puntualmente a la DGT las infracciones.
Margen de los radares
El fiscal delegado de seguridad vial de Vigo, Carlos Gil, destacó la importancia de la reunión. «Todos los temas que vamos a abordar son estrella», dijo. El ministerio público tratará el modo de calcular los márgenes de error de los radares, casos en los que el infractor con una tasa de 0,60 se niega a hacer la segunda prueba de alcoholemia o la paradoja de castigar a los conductores sin carné con una pérdida de puntos. También estudiarán las irregularidades de los conductores de minimotos y bicicletas eléctricas. Además, buscan el mejor modo de calificar al cooperador que presta su coche a alguien que carece de licencia.
Abordarán a quién acusar si un conductor es explotado laboralmente y sufre un accidente por horario excesivo. También estudiarán si se puede imputar homicidio por imprudencia al conductor que permite que suban a su vehículo ocupantes sin cinto ni casco y que luego mueren. Harán especial incidencia en el conductor que es padre como garante de la seguridad de los menores que transporte.
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA.ES
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