La Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (Ajdepla) califica de "ilegal" el convenio firmado entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) sobre el tráfico en el interior del recinto portuario de Algeciras
El colectivo anunció que ha enviado un escrito a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz para pedir "explicaciones" sobre el control del tráfico en la zona del puerto. La asociación indicó que el acuerdo rubricado con la DGT "pretende" dotar a los celadores-guardamuelles adscritos al servicio de Policía Portuaria de la APBA de potestades para la ejecución de controles de alcoholemia.
El convenio fue firmado en septiembre de 2008 con la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Durante su comparecencia tras la firma, el ministro declaró que con el acuerdo Algeciras "se convertía en un puerto pionero y necesario para la seguridad del tráfico rodado en las instalaciones portuarias".
Afirman que estas potestades se extenderían a la "participación" de la Policía Portuaria en accidentes de tráfico y a la denuncia de infracciones de tráfico en boletines de denuncia de la DGT. Asimismo, señalan que el convenio también permitiría a los policías portuarios participar en las actuaciones posteriores a los accidentes de tráfico -pese a carecer del carácter de Policía Judicial que en este ámbito sólo poseen la Policía Local y la Guardia Civil- y poder denunciar infracciones de tráfico en boletines de denuncia de la DGT.
"En definitiva", condenan, "la Autoridad Portuaria pretende, mediante un simple convenio, revestirlos de potestades sancionadoras genéricas, similares a las que la Policía Local o la Guardia Civil sí poseen por Ley".
De otro lado, comentan que las denuncias que no se formulen correctamente, podrían plantear problemas de conformidad a la Autoridad y del ejercicio a la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador, en suma, del que se deducirían perjuicios "de difícil reparación".
El colectivo insiste en que los viales del puerto son de uso general, por lo que su vigilancia y control "no corresponde ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a los trabajadores que la APBA asigne al servicio de Policía Portuaria, sino a la Policía Local". Ajdepla asegura, por tanto, que se trata de una "invasión" de competencias municipales municipales en materia de tráfico, por lo que solicita que el convenio deje sin efecto de manera inmediata, ya que, de lo contrario, recurrirá a la jurisdicción contencioso administrativa.
Radares
La asociación indica que a cambio de las atribuciones que el convenio asigna al personal portuario, "la APBA ha financiado cuatro radares fijos instalados en un tramo de dos kilómetros en un vial donde la APBA asume que la siniestrabilidad es casi cero".
El colectivo recalca que mediante un convenio no pueden modificarse las atribuciones que ostentan cada una de las instituciones o cuerpos policiales, ni otorgarse atribuciones nuevas a quienes no las ostenten por mandato legal. Muestra además una "profunda preocupación" por el hecho de que "funciones tan importantes como la seguridad vial puedan estar en manos de empleados que, ni son funcionarios públicos ni su formación esta dirigida a estos campos profesionales".
En este sentido, recuerdan que el servicio de Policía Portuaria debe ceñir su actividad a la salvaguarda del cumplimiento de la Ley de Puertos y de su propio Reglamento interno.
El colectivo anunció que ha enviado un escrito a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz para pedir "explicaciones" sobre el control del tráfico en la zona del puerto. La asociación indicó que el acuerdo rubricado con la DGT "pretende" dotar a los celadores-guardamuelles adscritos al servicio de Policía Portuaria de la APBA de potestades para la ejecución de controles de alcoholemia.
El convenio fue firmado en septiembre de 2008 con la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Durante su comparecencia tras la firma, el ministro declaró que con el acuerdo Algeciras "se convertía en un puerto pionero y necesario para la seguridad del tráfico rodado en las instalaciones portuarias".
Afirman que estas potestades se extenderían a la "participación" de la Policía Portuaria en accidentes de tráfico y a la denuncia de infracciones de tráfico en boletines de denuncia de la DGT. Asimismo, señalan que el convenio también permitiría a los policías portuarios participar en las actuaciones posteriores a los accidentes de tráfico -pese a carecer del carácter de Policía Judicial que en este ámbito sólo poseen la Policía Local y la Guardia Civil- y poder denunciar infracciones de tráfico en boletines de denuncia de la DGT.
"En definitiva", condenan, "la Autoridad Portuaria pretende, mediante un simple convenio, revestirlos de potestades sancionadoras genéricas, similares a las que la Policía Local o la Guardia Civil sí poseen por Ley".
De otro lado, comentan que las denuncias que no se formulen correctamente, podrían plantear problemas de conformidad a la Autoridad y del ejercicio a la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador, en suma, del que se deducirían perjuicios "de difícil reparación".
El colectivo insiste en que los viales del puerto son de uso general, por lo que su vigilancia y control "no corresponde ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a los trabajadores que la APBA asigne al servicio de Policía Portuaria, sino a la Policía Local". Ajdepla asegura, por tanto, que se trata de una "invasión" de competencias municipales municipales en materia de tráfico, por lo que solicita que el convenio deje sin efecto de manera inmediata, ya que, de lo contrario, recurrirá a la jurisdicción contencioso administrativa.
Radares
La asociación indica que a cambio de las atribuciones que el convenio asigna al personal portuario, "la APBA ha financiado cuatro radares fijos instalados en un tramo de dos kilómetros en un vial donde la APBA asume que la siniestrabilidad es casi cero".
El colectivo recalca que mediante un convenio no pueden modificarse las atribuciones que ostentan cada una de las instituciones o cuerpos policiales, ni otorgarse atribuciones nuevas a quienes no las ostenten por mandato legal. Muestra además una "profunda preocupación" por el hecho de que "funciones tan importantes como la seguridad vial puedan estar en manos de empleados que, ni son funcionarios públicos ni su formación esta dirigida a estos campos profesionales".
En este sentido, recuerdan que el servicio de Policía Portuaria debe ceñir su actividad a la salvaguarda del cumplimiento de la Ley de Puertos y de su propio Reglamento interno.
El colectivo ha solicitado una reunión "urgente" con el alcalde de Algeciras, Tomás Herrera, y ha anunciado que pedirá la intervención del Ministerio de Fomento. De igual manera invita a los Ayuntamientos de otras localidades que se encuentren en la misma situación a que se sumen a la iniciativa "de defender su autonomía y competencias".
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